Ley Bases: “Es un mamarracho, una reforma inconstitucional”

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  • Опубліковано 27 вер 2024
  • El Gobierno negocia a contrarreloj para lograr esta semana su primer triunfo legislativo. En esta entrevista, la senadora salteña Nora del Valle Giménez expone los peligros que entraña la Ley Bases y advierte: “A Milei sólo le interesa imponer y anular las facultades del Congreso”.
    Redacción Canal Abierto | Tras su aprobación general en Diputados, la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” llega al Senado en medio de negociaciones e idas y vueltas entre oficialismo y los bloques conocidos como “dialoguistas”.
    La fecha prevista para el debate es este miércoles, y se dará en medio de movilizaciones en rechazo convocadas por las tres centrales sindicales y un amplio arco de movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos.
    Los números que por estas horas maneja el Gobierno es 36 votos a favor y 33 en contra, todos de la bancada de Unión por la Patria. Entre ellos, el de la senadora salteña Nora del Valle Giménez, quien en un diálogo con Canal Abierto no dudó en calificar el proyecto como “un mamarracho, una reforma inconstitucional”.
    “Es otro batalla más contra el gran objetivo que persigue Milei: la suma del poder público, la anulación de la actuación del Congreso y sus funciones”, lanzó la legisladora, y explicó por qué “no hay ninguna justificación para la transferencia de facultades mientras el Poder Legislativo esté funcionando”.
    Es curioso, entonces, que Diputados cediera sus potestades y que tantos Senadores incluso de fuerzas provinciales opositoras estén dispuestos a convalidarlo. “No nosotros, nuestro bloque ha reafirmado hasta el cansancio su rechazo”, asegura.
    Lo cierto es que una parte de la llamada “oposición dialoguista” sí firmó dictamen, habilitando así el tratamiento de la Ley Bases. “En su gran mayoría, en disconformidad”, aclara esta senadora con extensa trayectoria legislativa en su provincia luego de casi ocho años detenida por la última dictadura cívico militar.
    En cualquier caso, se descuenta que en caso de pasar el Senado, lo haga con cambios, lo que llevaría devuelta el debate a Diputados. Ahora bien, esas modificaciones deben contar con dos tercios (48 votos) para así impedir una marcha a tras en la Cámara Baja.
    Para Del Valle Giménez, entre los puntos más alarmantes del proyecto figura la cesión de facultades, pero también otros como la eliminación de un Monotributo Social que “ha servido para que millones trabajadores autónomos, independientes y emprendedores puedan regularizar su situación, hacer aportes y tener obra social”.
    Sobre el polémico Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), advierte que colisionaría con normas vigentes en provincias y municipios. A su vez, lo define como un “blanqueo de la evasión y el no cobro de impuestos por 30 años a corporaciones cuyo único objetivo es llevarse nuestras riquezas naturales, como los minerales, el litio, la agroindustria; no hay ningún incentivo para pymes, economías regionales o industrias nacionales”.
    “Rompe con un esquema de protección de derechos históricos, desconoce la responsabilidad del empleador sobre su trabajador, y fomenta la figura de un autónomo que tiene que pagarse su obra social y una suerte de autoindemnización”, explica en relación a la reforma laboral incluida en el paquete. “A la hora de las responsabilidades, tenes un trabajador en relación de dependencia; pero a la hora del pago y las obligaciones, es un trabajador independiente”.
    Sobre el perfil presidencial de Milei y las críticas a la falta de gestión, asegura: “La lucha de nuestro tiempo es la de las corporaciones contra los Estados nacionales: hoy tenemos un Presidente que en vez de reunirse con Jefes de Estado, viaja y se saca fotos con los número uno de las principales corporaciones y declara el Estado como su enemigo”.
    “A Milei no le interesa negociar, le interesa imponer”, señala Del Valle Giménez, antes de advertir que, de sancionarse, la Ley Bases terminará impugnada u objetada aunque sea, en parte por inconstitucional en la Justicia.
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