Anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

En 2003, el Senado de la Nación sancionó la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Dos años después, en 2005, la renovada Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró en un fallo histórico su invalidez e inconstitucionalidad. Lo determinó en un proceso judicial por la apropiación de una niña a la que se agregó luego una querella criminal contra los responsables de la desaparición y tortura de sus padres.
Las acciones persistentes del movimiento de derechos humanos y de una ciudadanía movilizada por la memoria, la verdad y la justicia resultaron fundamentales en esta lucha contra la impunidad.