La existencia de puntos violeta implica que hay un problema generalizado de violencia que requiere medidas especiales.
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La falacia es que: la intención de los puntos violeta es precisamente crear conciencia y ofrecer apoyo en situaciones donde la violencia puede ocurrir, promoviendo la seguridad y el respeto. La realidad es que son un negocio de la industria del feminismo.
Recientemente, Isabel García, exdirectora del Instituto de las Mujeres, ha sido investigada por presuntos contratos fraudulentos relacionados con los "puntos violeta". Se le acusa de haber adjudicado al menos 64 contratos a empresas vinculadas a ella y a su pareja, Elisabeth García, por un valor total de 250.000 euros. Estos contratos fueron otorgados por ayuntamientos gobernados por el PSOE y la Diputación de Guipúzcoa.
El caso ha generado una gran polémica y ha llevado a su destitución del cargo. Isabel García ha defendido su inocencia, argumentando que su participación en las empresas cumplía con la legalidad y que redujo su participación en las mismas tras asumir el cargo público.